Oposiciones Profesores Secundaria 2018: Una reflexión

Este verano hemos sido testigos de un desastre anunciado (ver denuncia ante la fiscalía de CEPI) con respecto a la convocatoria de oposiciones para Educación Secundaria, FP y Régimen Especial. El “escándalo” de las notas obtenidas por muchos candidatos que les dejaba fuera de la carrera por conseguir una plaza así como algunas irregularidades técnicas en la publicación de las mismas han ocupado un espacio nada despreciable en los medios de comunicación.

Sin embargo el problema que existe con estas oposiciones es mucho más profundo que el de una mera nota o un puntual fallo técnico. Hay que recordar que los tribunales son soberanos para puntuar en un tribunal de oposición y se podrá estar, o no, de acuerdo con la nota, pero ésta es inapelable, salvo error técnico.

En realidad todo este lío parte del hecho de que las oposiciones libres a profesor de secundaria, FP y Régimen Especial no son tales, y aunque se pregona a los cuatro vientos la convocatoria de un sistema de selección por el método de “oposiciones libres”, la realidad es que se convocan las plazas que llevan ya ocupadas largo tiempo (hasta más de 20 años incluso) por profesores interinos (figura establecida en la ley para “casos de urgencia o necesidad”). No son, por tanto, plazas de nueva creación, sino plazas que están ya ocupadas. Este es sólo el primer eslabón de una cadena que lleva décadas manteniéndose así. La Administración se aprovecha de esta circunstancia procurando que ese profesorado flotante quede “secuestrado”, en condiciones precarias, si desea seguir en la docencia, especialmente si existe la expectativa de una convocatoria bianual de “oposiciones libres”. En 2010 esta cadena se truncó debido a la crisis económica y los recortes subsiguientes, lo que se tradujo en un aumento de la precarización del profesorado interino obligándoles a aceptar 1/3, 1/4 de plaza bajo amenaza de decaer de las listas de interinos y perder toda posibilidad de trabajo.

Desde la propia Administración se ha intentado demonizar al profesorado interino y denostarlo ante el resto de la sociedad. Sin embargo hay ciertos aspectos que habría que presentar a la ciudadanía para que pudiera conocer la realidad de este profesorado y que pone en evidencia que estamos ante un sistema “técnicamente corrupto” para el acceso a la docencia en los centros públicos y que se extiende a otros sectores de la Administración del Estado.

Un ejemplo evidente es la falta de planificación eficiente por la Administración educativa que parece desconocer las necesidades de su área de acción (básicamente Comunidades Autónomas) y hace que la oferta de plazas venga siendo insuficiente para cubrir necesidades. La Administración, mediante una “flexibilización” de facto de las plantillas docentes, se sirve de profesorado interino para necesidades estructurales, que sin embargo son permanentes.

En el proceso de selección de profesorado (“oposiciones libres”), los candidatos han de pasar tres fases (a la tercera sólo se puede acceder habiendo aprobado las dos primeras: el tema y prueba práctica). Aquí ha sido donde saltó el “escándalo” este verano. Si se consigue aprobar también la última parte (presentación de programación didáctica), los candidatos aprobados pasan a la fase de concurso donde se tienen en cuenta los méritos (el CV) de los candidatos, experiencia docente incluida. Los puntos que pueden obtener los candidatos en la fase de concurso están limitados y están ponderados respecto a la fase de oposición. Se confecciona entonces una primera lista a partir de la cual y según el número de plazas ofertadas se ocupan éstas por orden de lista de los candidatos aprobados. Aquí continúa poniéndose de manifiesto la “corrupción técnica” con este sorprendente “desajuste” ya que hay candidatos que se quedan sin plaza simplemente por el lugar que ocupan en la lista, pese a haber aprobado el concurso-oposición y que habrán de presentarse de nuevo a la próxima convocatoria como si hubieran suspendido. Sin embargo, lo grave es lo que sucede después. Estos profesores aprobados pasan a la lista de interinos donde se recalculan sus méritos para colocarlos en el orden que corresponda en la nueva lista en la que también figuran los candidatos que no superaron la prueba de oposición. Como las necesidades docentes no se cubren con profesores “de plantilla” (funcionarios de carrera), la Administración recurre a los profesores de la lista de interinos.

En esta nueva asignación de plazas, hay muchas que son completamente estructurales (vacantes a tiempo completo) que sorprendentemente no han sido ofertadas en el proceso. Se produce por tanto una nueva anomalía. Profesores que han aprobado el concurso oposición, acaban ocupando plazas estructurales a tiempo completo pero de forma interina, en vez de hacerlo de forma definitiva, como les correspondería al haber superado las pruebas de selección.

Una segunda consecuencia, aún más grave, es que los candidatos que no han aprobado y por tanto no parecerían idóneos para la actividad docente (que es la idea subyacente que se transmite desde la Administración), son contratados por esa misma Administración educativa siguiendo el orden de la lista de interinos, para cubrir las plazas ofertadas no cubiertas y las plazas estructurales no ofertadas en el proceso. Aquí vuelve a ponerse flagrantemente de manifiesto la “corrupción técnica” del sistema que fue pensado para cubrir plazas de nueva creación cuando, obligados a pasar por las oposiciones, los candidatos no idóneos según los tribunales, ocupan las plazas, bien estructurales, bien de sustituciones.

Todo este despropósito se sigue manteniendo gracias al desinterés de la Administración (lado político), los gruesos intereses económicos del sector de las academias de preparación de “oposiciones” (más profesores interinos más negocio) y el propio conflicto de intereses de los sindicatos subvencionados, que se prestan al juego de la Administración.

Se ha generado un problema que parece ser que no se quiere resolver, en el que un profesorado precario que cumple sus obligaciones bajo presión (decaimiento de las listas si no aceptan el destino que se les adjudica) se mantiene dando clase durante años sin estabilización de su empleo a la vista. Es la propia Administración la que genera el problema por el que Europa nos multa.

La solución a este asunto, provocado por la propia Administración, no es fácil y debería pasar, primero, por un reconocimiento en el puesto de trabajo de los profesores llamados “interinos” (funcionarios de empleo interino, en su denominación legal) algo ya realizado en el pasado sin que nadie se rasgara las vestiduras, para posteriormente introducir cambios estructurales en el acceso a la función docente, que habrían de pasar por el replanteamiento del llamado concurso-oposición y del cambio de mentalidad de la Administración a la hora de evaluar a los candidatos al cuerpo de profesores.



Apunte final:

Una propuesta podría ser la creación de un modelo de habilitación como ya existe en la Universidad, de tal manera que no haga falta presentarse eternamente a procesos selectivos puesto que ya se está ejerciendo como profesor de facto y se vayan completando de este modo las plantillas. Sólo en el momento que no hubiera profesores “habilitados” suficientes se debería abrir, entonces, un nuevo proceso de habilitación. Creándose así una carrera docente con continuidad y coherencia y con menos trampas para los profesores que actualmente sufren esta situación dantesca.